Grupo Aseguranza

El 3 de abril entró en vigor la Ley de Eficiencia Procesal, cuyo objetivo es modernizar y mejorar el saturado sistema judicial. La principal novedad es fomentar la cultura del acuerdo. "En la práctica, esto significa que, antes de ir a juicio, es obligatorio intentar resolver el conflicto y demostrar documentalmente ese intento. La idea es descongestionar los juzgados fomentando la resolución extrajudicial", ha explicado Cristina González, directora de Asistencia Jurídica Telefónica de ARAG.

Desde entonces, la compañía ha puesto en marcha distintas acciones para impulsar en la organización la adaptación a esta Ley de Eficiencia Procesal. Así, la aseguradora ha generado nuevos procedimientos internos y ha ido adaptando los sistemas informáticos para, por ejemplo, controlar que las demandas han pasado correctamente por ese intento de acuerdo previo a la vía judicial. "Aunque la Ley afecta solamente a los procedimientos civiles y mercantiles, estos suponen más de un 80% de los casos de ARAG", ha indicado Juan Carlos Lopera, director de la Asesoría Jurídica de Siniestros de la compañía.

Ahora, la aseguradora ha creado un programa de formación jurídica especializada para sus 140 tramitadores y tramitadoras de siniestros. El objetivo es facilitar su adaptación a los nuevos paradigmas de esta Ley. "Hay varios Medios Adecuados para la Solución de Controversias (MASC), pero es algo que siempre ha estado dentro de la filosofía de la compañía: el intento de llegar a un acuerdo antes de interponer el pleito. De hecho, alrededor del 95% de los casos se resuelven amistosamente", ha apuntado Lopera.

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