La Asociación Cluster Catástrofes y el Instituto de la Ingeniería de España (IIE) han presentado el Manifiesto sobre la Directiva CER: Compromisos y Aportaciones, un documento con el que ambas entidades reclaman situar la resiliencia de las infraestructuras críticas como una prioridad estratégica de Estado frente a un contexto global marcado por la inestabilidad y las amenazas híbridas.

El manifiesto se enmarca en la Directiva Europea 2022/2557, conocida como Directiva CER (Critical Entities Resilience), que establece un marco para reforzar la protección y continuidad de los servicios esenciales. Durante la presentación intervinieron la presidenta del IIE, María Cruz Díaz; el presidente del Cluster Catástrofes, Pedro Tomey; el director de Siniestros de Zurich, Roberto Hernández; y el presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil, José Trigueros.

Cruz Díaz subrayó el papel del Instituto como espacio de cooperación técnica y de intercambio de conocimiento para impulsar una resiliencia efectiva en España. A su juicio, el documento busca "pasar de la norma a la resiliencia real", mediante la anticipación de riesgos y una mejor gobernanza.

Por su parte, Tomey destacó que el manifiesto incluye el compromiso de ambas organizaciones de impulsar espacios de cooperación entre administraciones, operadores y sociedad civil, así como la creación de un Observatorio CER de resiliencia. Además, defendió que la protección de infraestructuras críticas como energía, agua, transporte o sanidad debe abordarse con consensos estables que trasciendan los ciclos políticos.

Desde el sector asegurador, Hernández señaló que las compañías deben desempeñar un papel proactivo en el análisis y gestión de riesgos, incluyendo la realización de pruebas de estrés en infraestructuras críticas y el uso avanzado de datos para adaptar las coberturas.

El documento también reclama mayor transparencia tras incidentes graves, con investigaciones técnicas independientes, y apuesta por reforzar el papel de la ingeniería, el ámbito académico y la sociedad civil en el desarrollo de una cultura preventiva. Según sus promotores, 2026 será un año clave para la implantación efectiva de la directiva en España.

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