En 2050, uno de cada tres españoles tendrá más de 65 años, una realidad que plantea importantes desafíos sanitarios y sociales, pero también jurídicos. Sin embargo, la mayoría de las personas mayores reconoce que llega a esa etapa sin conocer bien cuáles son sus derechos cuando aparecen situaciones de dependencia, pérdida de autonomía o conflictos familiares. Esta es una de las conclusiones del Barómetro de la Protección Jurídica de onLygal, según el cual el 71% de los mayores de 65 años afirma desconocer en gran medida sus derechos, mientras que un 66% asegura que le gustaría disponer de un abogado de confianza al que acudir para tomar decisiones relacionadas con su patrimonio, sus cuidados o su futuro.

Nuevas necesidades legales

Las personas mayores tienen nuevas necesidades legales. De hecho, el Barómetro pone de manifiesto que el 68% de las personas mayores contrataría ayuda legal para planificar su herencia o legado patrimonial, mientras que un 67% lo haría para otorgar su testamento o poderes preventivos.

También destaca el interés por recibir asesoramiento jurídico para reclamar tras una caída en la vía pública (65%), solicitar ayudas asistenciales (65%), resolver reclamaciones de consumo (65%), gestionar bienes y patrimonio (56%), tramitar pensiones de jubilación o viudedad (53%), afrontar situaciones relacionadas con estancias hospitalarias (53%) o superar dificultades derivadas de la brecha digital (43%).

"Cada vez vivimos más años, pero seguimos llegando a esa etapa sin preparar muchas de las decisiones jurídicas que pueden resultar determinantes para preservar nuestra autonomía. Igual que planificamos nuestra jubilación desde el punto de vista económico, conviene planificar también la protección jurídica de esa etapa de la vida", afirma Gemma Viñuales, abogada de onLygal.

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