
El Instituto Santalucía pide más transparencia para evaluar la sostenibilidad de las pensiones
El Foro de Expertos del Instituto Santalucía ha reclamado una mayor transparencia en el análisis de la situación financiera del sistema público de pensiones para poder evaluar con mayor rigor su sostenibilidad y favorecer un debate técnico sobre su futuro.
El posicionamiento del órgano de reflexión se produce tras la presentación del primer informe del Modelo Integrado de Proyección del Gasto en Pensiones a largo plazo (INTegraSS) por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
El foro considera necesario disponer de una "fotografía completa" de la Seguridad Social y del Régimen de Clases Pasivas que permita conocer con claridad qué parte del sistema se financia mediante cotizaciones sociales y cuál depende de las transferencias del Estado. A su juicio, esta información resulta clave para valorar el impacto de las pensiones sobre las cuentas públicas y abordar el debate sobre la financiación del Estado del bienestar.
"Para tomar decisiones responsables en materia de pensiones es imprescindible conocer con precisión la situación financiera real del sistema, los recursos que requiere cada año y su evolución esperada", señala José Manuel Jiménez, director del Instituto, quien defiende que la transparencia constituye una condición necesaria para alcanzar consensos duraderos.
El Instituto apoya esta posición en su informe Las cuentas del sistema público de pensiones en el periodo 2018-2025. Sistema de Seguridad Social y Régimen de Clases Pasivas, elaborado por Miguel Ángel García Díaz, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos e investigador asociado de Fedea. Según este estudio, el gasto público en pensiones alcanzó los 218.321 millones de euros en 2025, manteniendo una tendencia creciente tanto en términos absolutos como en porcentaje del PIB.
Además, el informe señala que el componente contributivo del sistema ha necesitado casi duplicar desde 2018 los recursos procedentes de impuestos y deuda pública, pese al incremento del empleo registrado durante ese periodo.
Respecto al modelo INTegraSS, el Foro de Expertos valora positivamente su puesta en marcha, aunque considera que sus hipótesis y resultados deberían someterse a contraste técnico independiente, con la participación de instituciones como la AIReF, la Seguridad Social, la Comisión Europea y la comunidad académica.
Asimismo, recuerda que, aunque la AIReF ha validado el cumplimiento de la denominada cláusula de cierre de la reforma de pensiones, también ha advertido de que este indicador ofrece una visión parcial de la sostenibilidad del sistema y que su cumplimiento no impide una evolución creciente de la deuda pública.
Con este posicionamiento, el Instituto Santalucía insiste en la necesidad de reforzar la transparencia sobre las cuentas del sistema público de pensiones para facilitar una evaluación más completa de su viabilidad financiera a largo plazo.
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