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El informe 'Hacia una Estrategia Iberoamericana de Respuesta a los Desastres de Origen Natural: Resiliencia, Seguro y Alianzas Público-Privadas', elaborado por Fundación Iberoamericana Empresarial (FIE), en colaboración con Mapfre y CAF-banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, ha sido presentado esta mañana en Madrid poniendo números a las consecuencias de riesgos catastróficos en Iberoamérica.

El estudio señala que durante los últimos 50 años, 4 de cada 10 personas han sido impactadas por tormentas tropicales, huracanes, inundaciones, sequías, olas de calor o incendios forestales. Esto indica un promedio de un desastre natural por semana. Las víctimas mortales se aproximan a las 100.000 y las pérdidas económicas superan los 360.000 millones de dólares.

Manuel Balmaseda, economista, analista financiero y uno de los autores del informe, destaca que los efectos de una catástrofe no terminan cuando ocurre la emergencia. Sostiene que sus consecuencias pueden prolongarse durante años, afectando a las familias, frenando la actividad económica y retrasando el desarrollo de los países.  Ha añadido que los sistemas de prevención, alerta temprana y respuesta de emergencia ayudan hoy a salvar más vidas y reducir daños. Afirma que la región ha avanzado de forma notable en prevención, protección civil y sistemas de alerta temprana, y cada vez existe mayor conciencia de la necesidad de anticiparse a estos riesgos.

Seguro, aliado fundamental

Los expertos coinciden en que uno de los grandes desafíos de la región es fortalecer su resiliencia financiera. Contar con mecanismos previamente diseñados permitan disponer de recursos inmediatos cuando ocurre una catástrofe y acelerar la recuperación. Entre las herramientas más eficaces destacan los fondos de contingencia, los bonos catastróficos, las líneas de financiación de emergencia, los seguros y las alianzas público-privadas. En este ámbito, afirman que el seguro desempeña un papel fundamental porque no sólo ayuda a reparar viviendas o recuperar negocios, sino que aporta estabilidad financiera a familias, empresas y administraciones públicas cuando más lo necesitan. Aseguran los expertos que sin estos mecanismos, buena parte del coste de la recuperación recae directamente sobre los afectados y sobre las cuentas públicas.

El documento presentado propone avanzar en una estrategia que refuerce la protección civil con una segunda línea de defensa basada en la resiliencia financiera a través de los seguros, la financiación preventiva, la innovación tecnológica y la colaboración entre el sector público y el privado. Los autores señalan que todos ellos son clave para contribuir a reducir la brecha de protección aseguradora (81% en la región), acelerar la recuperación tras una catástrofe y fortalecer la resiliencia económica y fiscal de los países que forman parte de esta región.

El informe propone un decálogo con principios claros, accionables y medibles, que permitan a los países pasar a la acción y disponer de recursos suficientes y rápidos para acelerar la reconstrucción tras los desastres naturales y reducir sus consecuencias sociales y económicas.

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