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El Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto de ley para intentar detener las fórmulas de gestión privada en el sistema público sanitario. Se denomina Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS) y su objetivo es "garantizar la prioridad de la gestión pública en la organización, provisión y administración de los servicios sanitarios". Si la iniciativa saliera adelante se aplicaría a todos los centros, servicios y establecimientos del SNS, "reforzando el papel de las administraciones públicas en su titularidad y gestión".

Según la ministra de Sanidad, Monica García, el anteproyecto de ley es "un triunfo de la sociedad civil" frente a la privatización de la sanidad pública, en lo que considera no "casos aislados" sino "un problema estructural". Porque, dijo en rueda de prensa, el marco normativo "ha permitido orientar la gestión de la sanidad pública hacia el beneficio económico en vez de hacia el cuidado de la salud", además de referirse a la "evidencia científica" de que "la privatización merma la calidad de la asistencia de los pacientes".

La medida limita la gestión indirecta a situaciones excepcionales, de modo que solo se permitiría cuando: no sea posible la prestación directa; se garantice sostenibilidad financiera y eficiencia; o se cumplan requisitos de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad del servicio. Para todos esos supuestos habría un procedimiento de evaluación previa obligatorio.

Sobre esa limitación de la gestión indirecta a solo casos excepcionales, Mónica García lo calificó como "gran avance", aunque apuntó que la iniciativa del Gobierno no va en contra de fórmulas sin ánimo de lucro ni contra los modelos de colaboración público-privada "sanos". "Lo que se excluye son los modelos que combinan la concesión de obra y la prestación sanitaria con ánimo de lucro", expresó.

¿Qué ocurrirá con los consorcios sanitarios?

Si saliera adelante la ley, el régimen jurídico de los consorcios sanitarios incluiría:

-Adscripción obligatoria a una administración sanitaria.

-Sujeción a la normativa de estabilidad presupuestaria y control de cuentas.

-Auditoría obligatoria de las cuentas anuales.

-Regulación del personal, que podrá ser funcionario, estatutario o laboral, según su procedencia.

Además, el anteproyecto contempla estas medidas de control institucional y evaluación permanente de la gestión sanitaria:

-Las comunidades autónomas y el INGESA deberán dotar a sus centros de instrumentos de buena gobernanza.

-Se establecerán indicadores comunes de salud y calidad acordados en el seno del Consejo Interterritorial del SNS.

-Las administraciones sanitarias deberán publicar periódicamente información detallada sobre contratación, conciertos, resultados de salud y calidad del servicio.

-Se prevé la externalización de auditorías, siempre que se garantice la incompatibilidad entre la entidad auditora y la auditada para evitar conflictos de interés.

"Cada euro público deberá explicarse en términos de salud", afirmó la ministra. Según el Gobierno, una de las claves es que se facilita la reversión a la gestión pública tras la finalización de un contrato, "ya que establece procedimientos claros, así como el apoyo técnico para que se realice con seguridad jurídica".

En todo caso, los conciertos y contratos que estén en vigor continuarían hasta su vencimiento, de modo que la aplicación de la normativa se aplicaría a los futuros procedimientos.

Como última aportación, Mónica García valoró que la norma "acaba con los modelos de concesión de obra y servicios que convierten la atención en un negocio y establece, de una vez por todas, que la sanidad pública se gestiona para cuidar mejor y no para ganar dinero".

Respuesta del IDIS

Tras conocerse la aprobación del anteproyecto de ley, el IDIS salió al paso remarcando "la aportación del sector a la propia sostenibilidad del sistema de salud" y su "firme compromiso" con una "colaboración público-privada transparente y eficiente", garantizando "la accesibilidad, la calidad y la mejor atención sanitaria posible en beneficio del paciente".

En concreto, el IDIS realizó las siguientes manifestaciones:

- "La colaboración es una herramienta clave para mejorar la accesibilidad, la eficiencia y la sostenibilidad del sistema sanitario, siempre con el objetivo de ofrecer soluciones concretas y eficaces a los retos que enfrenta la sanidad en nuestro país.  Por tanto, es clave un marco de relación consensuado entre sector público y privado, en el que la transparencia y la rendición de cuentas sean principios fundamentales".

- "La Fundación IDIS considera que la limitación a la gestión de los servicios sanitarios públicos por entes privados y la facilitación de la reversión de fenómenos de gestión privada de servicios públicos pueden suponer un obstáculo importante para la accesibilidad y para la calidad de la atención sanitaria. La colaboración público-privada en España permite, entre otras cosas, aliviar las listas de espera y mejorar la eficiencia en la atención a los pacientes. La limitación de esta colaboración podría generar más dificultades en el acceso a los servicios, afectando negativamente a los pacientes y empeorando la capacidad de respuesta del sistema sanitario frente a las crecientes demandas".

- "Desde la Fundación IDIS seguiremos trabajando activamente para asegurar todas las herramientas que son clave para la sostenibilidad y la mejora del sistema sanitario, entre las que se encuentra la colaboración público-privada. Cualquier reforma o modificación debe estar basada en criterios que favorezcan a los pacientes y que no pongan en peligro la accesibilidad o la eficiencia del sistema. La limitación de la colaboración público-privada sin un análisis adecuado puede perjudicar la eficiencia y generar más problemas en el sistema público, afectando así a la calidad asistencial".

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